| Aun cuando el tenor final de la proposición de Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como ha salido del Parlamento catalán, se ha suavizado gracias a pactos de ultimísima hora, resulta más que preocupante lo lejos que ha llegado con el modelo educativo laico, público y único que pretendía imponer. Máxime cuando se trata justamente del modelo que pretende reproducir el actual proyecto de Ley Orgánica de Educación, que se debate también en las Cortes.
Porque, a través de tal reproducción, de eso se trata: de imponer, de evitar a toda costa la libertad, el derecho de los padres y madres a elegir la educación que deseen para sus hijos. Pero, ¿tan complicado resulta entender que un padre y una madre deseen para sus hijos un modelo de educación que les permita desarrollar su personalidad del modo que, como progenitores, desean? ¿Tan complejo es entender que todo lo que se está pidiendo es libertad? ¿Tan arduo es entender que ese derecho que se exige no lo es siquiera para que los hijos se eduquen en una escuela de una orientación determinada, pública o privada, laica o religiosa, sino simplemente en aquélla que, por contar con un determinado ideario sea justamente la de su elección, la de su libre elección?
Sobre todo: ¿tan complejo resulta comprender a los adalides de la más universal tolerancia frente a todo, salvo, eso sí, frente a cualesquiera postulados que ellos estimen más o menos contrarios a sus propios, intangibles, hasta rancios principios, tan complejo les resulta entender que la libertad de los padres de educar a sus hijos conforme a la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, está recogida como derecho fundamental en la Constitución? ¿O pretenden mutar la Constitución por la vía de su simple parecer contrario -¿tan sobrevenido como inopinado, quizá?- a un texto que aglutinó el consenso de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles?
El texto actual del artículo 27 de la Constitución, el que garantiza a los padres y madres el derecho fundamental a elegir la educación que desean para sus hijos, es justamente el que asegura a todos, a cualquier ciudadano, la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar donde desee. No me nieguen a mí, no nos nieguen a los millones de familias españolas que deseamos ejercerlo, el derecho inalienable a seguir haciéndolo.
Por otro lado, ¿por qué tanto empeño en prohibir, en este caso la religión en la escuela? Olvidan que la enseñanza de la religión católica es solicitada nada menos que por el 80% de los padres y madres españoles que envían a sus hijos a centros públicos. Comiencen por favor por disuadirles a ellos, para que renuncien a esa enseñanza para sus hijos, para que dejen de solicitarla.
Me contaba hace unos meses una alumna en la Universidad, tras concluir la clase que ese día habíamos dedicado a la libertad religiosa, que ella no iba a misa, pero que “su abuela, sí”, y que le gustaba mucho que su abuela siguiera haciéndolo, porque le generaba una especie de “tranquilidad”. Es muy probable que la mayoría de los padres y madres que optan por la enseñanza de la religión católica para sus hijos tampoco vayan a misa, pero también que tengan una sensación muy semejante a la de mi alumna, y que el hecho de que sus hijos cursen esa asignatura les proporcione esa misma sensación.
Sea como fuere, el derecho a elegir la educación que se desee para los hijos no rige sólo para elegir una educación católica, ni siquiera de cualquier otra confesión religiosa. Rige también para garantizar a padres y madres el derecho a elegir una educación privada y no pública, o laica en la escuela pública, o laica en un centro privado, como también obviamente laica en un centro público. El hecho de que una determinada iniciativa legislativa pretenda cercenar la educación privada y religiosa, mediante la forzosa creación de un sistema único, público y laico (laicista, más bien, que no es en absoluto lo mismo), no debe, no puede hacernos olvidar que ese derecho fundamental también protege a quienes por libre elección optan por una educación justamente pública y laica para sus hijos: al hacerlo, es esencial resaltarlo, también estos padres y madres están ejerciendo un derecho fundamental, y no simplemente inscribiendo a sus hijos entre los beneficiarios de un “servicio público”.
A pesar de su evidente dimensión prestacional, la educación es mucho más que un simple servicio público, es un derecho fundamental, de los hijos a recibirla, de los padres a elegirla de acuerdo con sus convicciones. De todos los padres, de los católicos y de los no católicos; de los que optan por la escuela privada y de los que eligen la escuela pública. Es esta posibilidad de elección, amplia, libre, plural, la que debemos defender.
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